Manual básico de Jurisdicciones Offshore

Manual básico de Jurisdicciones Offshore

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jurisdicciones offshore panama

Por: Martín Litwak

Un manual para Axel

Pocos días atrás, el pintoresco ex ministro de Económica K nos deleitó con uno de sus clásicos discursos llenos de odio, resentimiento y profunda ignorancia.

Más allá de referirse a los 62.000 millones de puestos de trabajo que se habrían perdido durante la actual gestión de Cambiemos (gestión donde, casualmente, se alcanzó a la tasa de desempleo más baja de los últimos 15 años), Kicillof calificó a las jurisdicciones offshore de “cuevas” o “guaridas”.

Ignoramos si lo hizo por un error conceptual involuntario o por mala fe.

Asumiendo que se trata de lo primero, el objetivo de esta nueva columna que hemos decidido dedicar al tema no es otro que explicarle a Axel qué son, qué no son y para que se usan las jurisdicciones offshore.

¿Que es una jurisdicción offshore?

Quince o veinte años atrás, las jurisdicciones offshore (también llamadas “paraísos fiscales” o “centros financieros internacionales”) se caracterizaban por lo siguiente:

  1. por permitir que las sociedades allí constituidas emitieran acciones al portador, que luego podían transferirse de mano en mano sin que pudiera saberse a ciencia cierta quien era en un momento dado el titular de las mismas (cabe aclarar que muchas jurisdicciones que no califican como tales – como es el caso de Argentina – también, en su momento, permitieron esto); y
  2. por la coexistencia de dos sistemas impositivos diferentes; uno para quienes residieran o trabajaran allí y otro (con tasas cero o muy bajas) para los no residentes que solo las utilizaran para armar sociedades u otros vehículos.

Es importante destacar que ninguna de estas dos características existe en la actualidad.

A tal punto esto es así, que en mayo de 2009, el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD (el enemigo número uno de las jurisdicciones offshore) decidió remover las ultimas jurisdicciones que quedaban en el listado de paraísos fiscales que dicha organización venia elaborando desde el año 2000. Las últimas tres jurisdicciones en salir del mismo fueron Andorra, Liechtenstein y Mónaco.

Hoy en día, las llamadas jurisdicciones offshore son simplemente Estados soberanos (Barbados, Panamá, Irlanda, etc.) o Territorios dependientes (Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, etc.) que promueven – entre otras cosas – la competencia fiscal.

Por ello, muchos países que antes incluían a estas jurisdicciones en listados negros y las castigaban de una u otro manera (con prohibiciones para actuar, impuestos más altos, etc.), hoy las incluyen en listados de países cooperantes (Argentina es un ejemplo de esto).

¿En qué consiste la competencia fiscal?

En pocas palabras, dado que nos hemos referido a este tema en numerosas ocasiones, la competencia fiscal permite que cada país o jurisdicción fije sus impuestos en forma libre y soberana; sin presiones de otros Estados ni de organismos internacionales.

Así como la competencia en la producción de bienes o la provisión de servicios redunda en beneficios para los consumidores, quienes reciben productos y servicios de mejor calidad a un precio menor; la competencia en materia impositiva beneficia a los contribuyentes, puesto que los impuestos que pagan no podrán nunca superar determinado límite.

¿Esta competencia fiscal promueve o facilita de alguna manera la evasión fiscal?

No, en absoluto.

Existen a nivel mundial dos sistemas impositivos de acuerdo con que tipo de rentas deben pagar impuestos.

En los países que han adoptado el “Sistema de Renta Territorial”, los únicos ingresos que están gravados son los que se generan dentro del propio territorio del país de que se trate. La mayor parte de los países de América Central han adoptado este sistema.

En los países que, por el contrario han adoptado el “Sistema de Renta Mundial” (como ha sido el caso de Argentina desde 1992), se pagan impuestos por ingresos obtenidos dentro y fuera del país. Así las cosas, los ingresos obtenidos en el exterior tributan exactamente igual que aquellos obtenidos en el país.

En otras palabras, que un residente argentino opere comercialmente a través de una sociedad constituida en el extranjero no le va a permitir a esa persona reducir el impuesto que va a pagar a AFIP.

¿Una sociedad offshore no puede entonces usarse para evadir impuestos?

Más allá de los prejuicios que aún puedan existir en la materia, quienes establecen un vehículo offshore no lo hacen para evadir impuestos o para lograr un mayor grado de opacidad frente a las autoridades del país en el cual residen.

Lo primero no es posible porque estas jurisdicciones no promueven la evasión fiscal (como el imaginario colectivo puede suponer) sino que simplemente ofrecen “plataformas de inversión fiscalmente neutras” (es decir, no agregan impuestos a los que las sociedades pagan en los países donde desarrollan sus actividades comerciales) y lo segundo tampoco lo es desde el momento en que todas las jurisdicciones offshore líderes del mundo han sido las primeras en adoptar el standard de intercambio automático de información financiera promovido por la OCDE.

Esto quiere decir que si un contribuyente fiscal domiciliado en un país que es parte del Common Reporting Standard (“CRS”) al que nos referíamos en el párrafo anterior (como son Argentina, Brasil, Colombia o Chile, por citar algunos ejemplos) invirtiera dinero en un fondo constituido en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo, el propio fondo sería el responsable de informar dicha circunstancia a la autoridad impositiva local encargada de la aplicación de CRS, quien a su vez compartiría la información en forma automática con las autoridades impositivas del país de residencia del inversor.

¿Por qué se usan entonces las jurisdicciones offshore?

Adicionalmente a la neutralidad fiscal a la que hicimos referencia anteriormente, existen muchas otras razones por las cuales resulta atractivo establecer una sociedad u otro vehículo en una jurisdicción offshore.

Entre ellas, podemos destacar que, en comparación con sus pares onshore, las jurisdicciones offshore:

  1. ofrecen una mayor seguridad jurídica (algo fundamental para personas con domicilio en países que no ofrecen seguridad jurídica, así como para empresas que están interesadas en invertir en dichos países con un cierto nivel de previsibilidad);
  2. protegen de una forma más enérgica tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la privacidad de los individuos;
  3. poseen leyes más severas en materia de compliance y anti-money laundering (hace décadas que las jurisdicciones offshore están a la vanguardia en este tipo de cuestiones);
  4. poseen legislación más moderna en temas financieros y de planificación patrimonial; y
  5. reúnen una gran cantidad de proveedores altamente especializados.

¿Por qué se arman fondos en jurisdicciones offshore?

Eliminados los mitos y lugares comunes, es interesante analizar por qué, por ejemplo, un gestor de fondos de inversión domiciliado en América Latina puede pensar en alguna de estas jurisdicciones para estructurar dicho fondo.

Y la respuesta en realidad en sencilla: los fondos de inversión necesitan para funcionar captar capital de terceros y el capital es lo más temeroso que existe. El capital siempre busca seguridad jurídica algo que, la mayor parte de los países en América Latina no pueden asegurar.

Otras cosas que buscan los inversores (y que por ende los gestores de fondos deben brindar) son las siguientes:

  1. proveedores de renombre y experiencia (nos referimos a los proveedores que va a utilizar el fondo en cuestión, auditores, abogados especializados, administradores, bancos, etc.);
  2. regulación moderna y flexible (existencia de tipos societarios que faciliten que un mismo fondo desarrolle diferentes estructuras de inversión sin que los inversores que han invertido en una de esas estructuras tomen riesgos que no están dispuestos a tomar);
  3. precios competitivos (ya que todo costo disminuye la tasa de retorno que recibirán);
  4. reguladores con conocimiento del mercado; e
  5. inexistencia de trabas ridículas (como ser cepos, control de cambios, corralitos financieros, etc.).

Las jurisdicciones offshore, que cuentan con una gran cantidad de fondos de inversión que se han constituido allí, permiten tildar cada uno de estos requisitos con creces.

En pocas palabras, los gestores de fondos arman fondos en las Islas Caimán, Luxemburgo o las Islas Vírgenes Británicas porque se trata de lugares que poseen una gran concentración de “expertise”. 

Salvando las distancias, es por esta misma razón – la concentración de expertise – que quienes residen, por ejemplo, en Buenos Aires compran ropa o cotillón para fiestas en Once, muebles en los locales ubicados a lo largo de la Avenida Belgrano, joyas en la calle Libertad y flores en el Mercado Central.

Sería bueno que el ex ministro entendiera esto antes de atacar a Luis Caputo (o a algún otro de los cientos de miles de fund managers que existen en el mundo).

Leer más sobre Tax War y en relación a donde conservan su dinero Dujovne y Cuccioli.

¿Cuáles son los principales roles que existen en un fondo de inversión y que función cumplen cada uno de ellos?

Los principales proveedores de servicios de los fondos de inversión offshore son los siguientes:

  • Portfolio Manager/Gestor: es simplemente quien determina la estrategia de inversión del fondo y la lleva adelante. No tienen relación con los inversores, no participa de los procesos de suscripción y rescate, no realiza el due diligence sobre ellos ni tiene un rol activo en la elaboración o presentación de los reportes que deben realizarse bajo CRS.
  • Administrador: es quien procesa subscripciones y rescates, tienen la obligación de conocer a los inversores, el origen del dinero, etc. Es también quien calcula el valor (net asset value) de las acciones de manera de permitir justamente esas subscripciones y rescates.
  • Auditor: es quien audita el trabajo del administrador en cuanto al cálculo del valor de las acciones así como también los estados financieros del fondo.

¿Cuáles son las principales críticas que se hacen a las jurisdicciones offshore y por qué no son ciertas?

Las críticas que se suelen hacer a las jurisdicciones offshore son muy fácilmente rebatibles.

  1. Pese a que se sostiene casi sin profundizar que las jurisdicciones offshore facilitan el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la historia muestra que los mayores casos de financiamiento de actividades terroristas (tal cual sucedió por ejemplo con el atentado a las torres gemelas) se financian onshore y que la mayor estafa de todos los tiempos, perpetrada por Bernie Madoff en 2008, fue planificada y ejecutada en forma integral dentro de los Estados Unidos. Respecto de los hechos de corrupción que tanto daño hacen (Odebrecht, FIFAGate, etc.), las coimas y sobreprecios que se pagaron tampoco fueron canalizados offshore sino de una manera mucho más burda y primitiva.
  2. Otro aspecto muy criticado es que permiten el ocultamiento del “verdadero dueño” de los activos, ya sea a través de acciones al portador, la estructuración de trusts o directamente de prestanombres. Si bien, como hemos explicado anteriormente, con los sistemas de intercambio de información financiera que existen en la actualidad (básicamente FATCA y CRS) esto es virtualmente imposible, este “ocultamiento” no es malo ni ilegal per se. Mientras se trate de activos adquiridos en forma lícita y se paguen los impuestos a que hubiera lugar, no hay ninguna razón legal de peso que obliga a una persona a exteriorizar que activos le pertenecen frente a terceros. El derecho a la privacidad, derecho básico de todo ser humano y consagrado en casi todos los textos constitucionales del mundo, protege justamente esto. Las jurisdicciones offshore buscan, dentro de lo posible, que haya cierto equilibrio entre privacidad y transparencia. Esto es algo que en la época en que vivimos es cada vez más complicado.
  3. Se ha repetido también hasta el cansancio que los centros offshore favorecen la evasión fiscal cuando lo que en realidad sucede es que estas jurisdicciones funcionan como “plataformas neutras” en materia impositiva, es decir que – tal cual explicamos anteriormente – no agregan un nuevo impuesto una vez que se ha pagado el impuesto que corresponde pagar donde se registraron las ganancias. En otras palabras, utilizar una sociedad offshore como holding para una actividad comercial determinada no genera ahorro impositivo alguno, sino que evita que, pagado ya el impuesto en aquel país en el cual se desarrolla la actividad empresarial de que se trata, haya que tributar nuevamente en la jurisdicción offshore que se ha elegido utilizar.

¿Hay algo intrínsecamente malo o ilegal en las sociedades offshore?

No, no hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Dicho de otro modo, las sociedades offshore sirven exactamente para lo mismo que las demás sociedades incorporadas en cualquier país del mundo: para desarrollar actividades comerciales.

Lo que sí es ilegal es usar sociedades – offshore u onshore – para cometer delitos.

¿Sabes que  es #ParadisePapers?

¿Es ilegal que un funcionario del Gobierno tenga su dinero offshore?

Más allá del ruido que el tema pueda hacer a algunos, evidentemente como consecuencia de los prejuicios que existen con relación a las jurisdicciones offshore, en realidad la respuesta a este interrogante es bien sencilla (y aplica no solo a funcionarios públicos sino a cualquier persona):

  1. Lo importante es si los fondos de que se traten han sido ganados en forma licita y están declarados. De ser así, no importa en absoluto donde estén invertidos.
  2. Como principio general, invertir fuera del país no implica que no deban pagarse impuestos en Argentina. Como vimos, Argentina ha adoptado hace décadas el sistema de renta global por la cual un residente fiscal argentino paga por sus activos y ganancias independientemente de si las mismas están en Argentina o el exterior.
  3. Por otro lado, es perfectamente posible que alguien invierta en activos argentinos desde sus cuentas bancarias en el exterior (ya sea a través de la compra de acciones de sociedades locales como a través de la compra de bonos del gobierno).
  4. Los inversores institucionales extranjeros no preguntan dónde tienen la plata los funcionarios a la hora de decidir una inversión. Ellos entienden que se trata de una cuestión personal de cada uno y solo se fijan si el país donde van a invertir ofrece, o no, seguridad jurídica.
  5. Finalmente, exigir a ministros con poder sobre la economía del país que dejen su dinero dentro del mismo puede de hecho ocasionar conflictos de interés de difícil resolución, ya que van a estar tomando medidas que pueden afectar directamente sus propios bolsillos. 

Si Kicillof llegó hasta aquí, estimamos que habrá aprendido algo y que en el futuro no hará papelones al referirse a estas cuestiones.

Sin perjuicio de ello, y a fin de que los conceptos de “cueva” y “guarida” le queden más claros, quizás valga la pena ejemplificar el uso de los mismos.

“Cueva”, por ejemplo, era “La Rosadita”.

Una “guarida”, que al final no resultó ser muy eficiente que digamos, podría ser aquel convento donde ex funcionarios del gobierno de Cristina trataron de ocultar bolsos repletos de corrupción.

Y hablando de la ex presidente, nada nos deja más tranquilos de estar de este lado de la grieta en cuanto a las “jurisdicciones offshore” se refiere, que tenerla a ella y a sus secuaces atacándolas.

Música para nuestros oídos.

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Por: Martín Litwak

Un manual para Axel

Pocos días atrás, el pintoresco ex ministro de Económica K nos deleitó con uno de sus clásicos discursos llenos de odio, resentimiento y profunda ignorancia.

Más allá de referirse a los 62.000 millones de puestos de trabajo que se habrían perdido durante la actual gestión de Cambiemos (gestión donde, casualmente, se alcanzó a la tasa de desempleo más baja de los últimos 15 años), Kicillof calificó a las jurisdicciones offshore de “cuevas” o “guaridas”.

Ignoramos si lo hizo por un error conceptual involuntario o por mala fe.

Asumiendo que se trata de lo primero, el objetivo de esta nueva columna que hemos decidido dedicar al tema no es otro que explicarle a Axel qué son, qué no son y para que se usan las jurisdicciones offshore.

¿Que es una jurisdicción offshore?

Quince o veinte años atrás, las jurisdicciones offshore (también llamadas “paraísos fiscales” o “centros financieros internacionales”) se caracterizaban por lo siguiente:

  1. por permitir que las sociedades allí constituidas emitieran acciones al portador, que luego podían transferirse de mano en mano sin que pudiera saberse a ciencia cierta quien era en un momento dado el titular de las mismas (cabe aclarar que muchas jurisdicciones que no califican como tales – como es el caso de Argentina – también, en su momento, permitieron esto); y
  2. por la coexistencia de dos sistemas impositivos diferentes; uno para quienes residieran o trabajaran allí y otro (con tasas cero o muy bajas) para los no residentes que solo las utilizaran para armar sociedades u otros vehículos.

Es importante destacar que ninguna de estas dos características existe en la actualidad.

A tal punto esto es así, que en mayo de 2009, el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD (el enemigo número uno de las jurisdicciones offshore) decidió remover las ultimas jurisdicciones que quedaban en el listado de paraísos fiscales que dicha organización venia elaborando desde el año 2000. Las últimas tres jurisdicciones en salir del mismo fueron Andorra, Liechtenstein y Mónaco.

Hoy en día, las llamadas jurisdicciones offshore son simplemente Estados soberanos (Barbados, Panamá, Irlanda, etc.) o Territorios dependientes (Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, etc.) que promueven – entre otras cosas – la competencia fiscal.

Por ello, muchos países que antes incluían a estas jurisdicciones en listados negros y las castigaban de una u otro manera (con prohibiciones para actuar, impuestos más altos, etc.), hoy las incluyen en listados de países cooperantes (Argentina es un ejemplo de esto).

¿En qué consiste la competencia fiscal?

En pocas palabras, dado que nos hemos referido a este tema en numerosas ocasiones, la competencia fiscal permite que cada país o jurisdicción fije sus impuestos en forma libre y soberana; sin presiones de otros Estados ni de organismos internacionales.

Así como la competencia en la producción de bienes o la provisión de servicios redunda en beneficios para los consumidores, quienes reciben productos y servicios de mejor calidad a un precio menor; la competencia en materia impositiva beneficia a los contribuyentes, puesto que los impuestos que pagan no podrán nunca superar determinado límite.

¿Esta competencia fiscal promueve o facilita de alguna manera la evasión fiscal?

No, en absoluto.

Existen a nivel mundial dos sistemas impositivos de acuerdo con que tipo de rentas deben pagar impuestos.

En los países que han adoptado el “Sistema de Renta Territorial”, los únicos ingresos que están gravados son los que se generan dentro del propio territorio del país de que se trate. La mayor parte de los países de América Central han adoptado este sistema.

En los países que, por el contrario han adoptado el “Sistema de Renta Mundial” (como ha sido el caso de Argentina desde 1992), se pagan impuestos por ingresos obtenidos dentro y fuera del país. Así las cosas, los ingresos obtenidos en el exterior tributan exactamente igual que aquellos obtenidos en el país.

En otras palabras, que un residente argentino opere comercialmente a través de una sociedad constituida en el extranjero no le va a permitir a esa persona reducir el impuesto que va a pagar a AFIP.

¿Una sociedad offshore no puede entonces usarse para evadir impuestos?

Más allá de los prejuicios que aún puedan existir en la materia, quienes establecen un vehículo offshore no lo hacen para evadir impuestos o para lograr un mayor grado de opacidad frente a las autoridades del país en el cual residen.

Lo primero no es posible porque estas jurisdicciones no promueven la evasión fiscal (como el imaginario colectivo puede suponer) sino que simplemente ofrecen “plataformas de inversión fiscalmente neutras” (es decir, no agregan impuestos a los que las sociedades pagan en los países donde desarrollan sus actividades comerciales) y lo segundo tampoco lo es desde el momento en que todas las jurisdicciones offshore líderes del mundo han sido las primeras en adoptar el standard de intercambio automático de información financiera promovido por la OCDE.

Esto quiere decir que si un contribuyente fiscal domiciliado en un país que es parte del Common Reporting Standard (“CRS”) al que nos referíamos en el párrafo anterior (como son Argentina, Brasil, Colombia o Chile, por citar algunos ejemplos) invirtiera dinero en un fondo constituido en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo, el propio fondo sería el responsable de informar dicha circunstancia a la autoridad impositiva local encargada de la aplicación de CRS, quien a su vez compartiría la información en forma automática con las autoridades impositivas del país de residencia del inversor.

¿Por qué se usan entonces las jurisdicciones offshore?

Adicionalmente a la neutralidad fiscal a la que hicimos referencia anteriormente, existen muchas otras razones por las cuales resulta atractivo establecer una sociedad u otro vehículo en una jurisdicción offshore.

Entre ellas, podemos destacar que, en comparación con sus pares onshore, las jurisdicciones offshore:

  1. ofrecen una mayor seguridad jurídica (algo fundamental para personas con domicilio en países que no ofrecen seguridad jurídica, así como para empresas que están interesadas en invertir en dichos países con un cierto nivel de previsibilidad);
  2. protegen de una forma más enérgica tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la privacidad de los individuos;
  3. poseen leyes más severas en materia de compliance y anti-money laundering (hace décadas que las jurisdicciones offshore están a la vanguardia en este tipo de cuestiones);
  4. poseen legislación más moderna en temas financieros y de planificación patrimonial; y
  5. reúnen una gran cantidad de proveedores altamente especializados.

¿Por qué se arman fondos en jurisdicciones offshore?

Eliminados los mitos y lugares comunes, es interesante analizar por qué, por ejemplo, un gestor de fondos de inversión domiciliado en América Latina puede pensar en alguna de estas jurisdicciones para estructurar dicho fondo.

Y la respuesta en realidad en sencilla: los fondos de inversión necesitan para funcionar captar capital de terceros y el capital es lo más temeroso que existe. El capital siempre busca seguridad jurídica algo que, la mayor parte de los países en América Latina no pueden asegurar.

Otras cosas que buscan los inversores (y que por ende los gestores de fondos deben brindar) son las siguientes:

  1. proveedores de renombre y experiencia (nos referimos a los proveedores que va a utilizar el fondo en cuestión, auditores, abogados especializados, administradores, bancos, etc.);
  2. regulación moderna y flexible (existencia de tipos societarios que faciliten que un mismo fondo desarrolle diferentes estructuras de inversión sin que los inversores que han invertido en una de esas estructuras tomen riesgos que no están dispuestos a tomar);
  3. precios competitivos (ya que todo costo disminuye la tasa de retorno que recibirán);
  4. reguladores con conocimiento del mercado; e
  5. inexistencia de trabas ridículas (como ser cepos, control de cambios, corralitos financieros, etc.).

Las jurisdicciones offshore, que cuentan con una gran cantidad de fondos de inversión que se han constituido allí, permiten tildar cada uno de estos requisitos con creces.

En pocas palabras, los gestores de fondos arman fondos en las Islas Caimán, Luxemburgo o las Islas Vírgenes Británicas porque se trata de lugares que poseen una gran concentración de “expertise”. 

Salvando las distancias, es por esta misma razón – la concentración de expertise – que quienes residen, por ejemplo, en Buenos Aires compran ropa o cotillón para fiestas en Once, muebles en los locales ubicados a lo largo de la Avenida Belgrano, joyas en la calle Libertad y flores en el Mercado Central.

Sería bueno que el ex ministro entendiera esto antes de atacar a Luis Caputo (o a algún otro de los cientos de miles de fund managers que existen en el mundo).

Leer más sobre Tax War y en relación a donde conservan su dinero Dujovne y Cuccioli.

¿Cuáles son los principales roles que existen en un fondo de inversión y que función cumplen cada uno de ellos?

Los principales proveedores de servicios de los fondos de inversión offshore son los siguientes:

  • Portfolio Manager/Gestor: es simplemente quien determina la estrategia de inversión del fondo y la lleva adelante. No tienen relación con los inversores, no participa de los procesos de suscripción y rescate, no realiza el due diligence sobre ellos ni tiene un rol activo en la elaboración o presentación de los reportes que deben realizarse bajo CRS.
  • Administrador: es quien procesa subscripciones y rescates, tienen la obligación de conocer a los inversores, el origen del dinero, etc. Es también quien calcula el valor (net asset value) de las acciones de manera de permitir justamente esas subscripciones y rescates.
  • Auditor: es quien audita el trabajo del administrador en cuanto al cálculo del valor de las acciones así como también los estados financieros del fondo.

¿Cuáles son las principales críticas que se hacen a las jurisdicciones offshore y por qué no son ciertas?

Las críticas que se suelen hacer a las jurisdicciones offshore son muy fácilmente rebatibles.

  1. Pese a que se sostiene casi sin profundizar que las jurisdicciones offshore facilitan el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la historia muestra que los mayores casos de financiamiento de actividades terroristas (tal cual sucedió por ejemplo con el atentado a las torres gemelas) se financian onshore y que la mayor estafa de todos los tiempos, perpetrada por Bernie Madoff en 2008, fue planificada y ejecutada en forma integral dentro de los Estados Unidos. Respecto de los hechos de corrupción que tanto daño hacen (Odebrecht, FIFAGate, etc.), las coimas y sobreprecios que se pagaron tampoco fueron canalizados offshore sino de una manera mucho más burda y primitiva.
  2. Otro aspecto muy criticado es que permiten el ocultamiento del “verdadero dueño” de los activos, ya sea a través de acciones al portador, la estructuración de trusts o directamente de prestanombres. Si bien, como hemos explicado anteriormente, con los sistemas de intercambio de información financiera que existen en la actualidad (básicamente FATCA y CRS) esto es virtualmente imposible, este “ocultamiento” no es malo ni ilegal per se. Mientras se trate de activos adquiridos en forma lícita y se paguen los impuestos a que hubiera lugar, no hay ninguna razón legal de peso que obliga a una persona a exteriorizar que activos le pertenecen frente a terceros. El derecho a la privacidad, derecho básico de todo ser humano y consagrado en casi todos los textos constitucionales del mundo, protege justamente esto. Las jurisdicciones offshore buscan, dentro de lo posible, que haya cierto equilibrio entre privacidad y transparencia. Esto es algo que en la época en que vivimos es cada vez más complicado.
  3. Se ha repetido también hasta el cansancio que los centros offshore favorecen la evasión fiscal cuando lo que en realidad sucede es que estas jurisdicciones funcionan como “plataformas neutras” en materia impositiva, es decir que – tal cual explicamos anteriormente – no agregan un nuevo impuesto una vez que se ha pagado el impuesto que corresponde pagar donde se registraron las ganancias. En otras palabras, utilizar una sociedad offshore como holding para una actividad comercial determinada no genera ahorro impositivo alguno, sino que evita que, pagado ya el impuesto en aquel país en el cual se desarrolla la actividad empresarial de que se trata, haya que tributar nuevamente en la jurisdicción offshore que se ha elegido utilizar.

¿Hay algo intrínsecamente malo o ilegal en las sociedades offshore?

No, no hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Dicho de otro modo, las sociedades offshore sirven exactamente para lo mismo que las demás sociedades incorporadas en cualquier país del mundo: para desarrollar actividades comerciales.

Lo que sí es ilegal es usar sociedades – offshore u onshore – para cometer delitos.

¿Sabes que  es #ParadisePapers?

¿Es ilegal que un funcionario del Gobierno tenga su dinero offshore?

Más allá del ruido que el tema pueda hacer a algunos, evidentemente como consecuencia de los prejuicios que existen con relación a las jurisdicciones offshore, en realidad la respuesta a este interrogante es bien sencilla (y aplica no solo a funcionarios públicos sino a cualquier persona):

  1. Lo importante es si los fondos de que se traten han sido ganados en forma licita y están declarados. De ser así, no importa en absoluto donde estén invertidos.
  2. Como principio general, invertir fuera del país no implica que no deban pagarse impuestos en Argentina. Como vimos, Argentina ha adoptado hace décadas el sistema de renta global por la cual un residente fiscal argentino paga por sus activos y ganancias independientemente de si las mismas están en Argentina o el exterior.
  3. Por otro lado, es perfectamente posible que alguien invierta en activos argentinos desde sus cuentas bancarias en el exterior (ya sea a través de la compra de acciones de sociedades locales como a través de la compra de bonos del gobierno).
  4. Los inversores institucionales extranjeros no preguntan dónde tienen la plata los funcionarios a la hora de decidir una inversión. Ellos entienden que se trata de una cuestión personal de cada uno y solo se fijan si el país donde van a invertir ofrece, o no, seguridad jurídica.
  5. Finalmente, exigir a ministros con poder sobre la economía del país que dejen su dinero dentro del mismo puede de hecho ocasionar conflictos de interés de difícil resolución, ya que van a estar tomando medidas que pueden afectar directamente sus propios bolsillos. 

Si Kicillof llegó hasta aquí, estimamos que habrá aprendido algo y que en el futuro no hará papelones al referirse a estas cuestiones.

Sin perjuicio de ello, y a fin de que los conceptos de “cueva” y “guarida” le queden más claros, quizás valga la pena ejemplificar el uso de los mismos.

“Cueva”, por ejemplo, era “La Rosadita”.

Una “guarida”, que al final no resultó ser muy eficiente que digamos, podría ser aquel convento donde ex funcionarios del gobierno de Cristina trataron de ocultar bolsos repletos de corrupción.

Y hablando de la ex presidente, nada nos deja más tranquilos de estar de este lado de la grieta en cuanto a las “jurisdicciones offshore” se refiere, que tenerla a ella y a sus secuaces atacándolas.

Música para nuestros oídos.

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