Lacalle: La urgencia de combatir el socialismo

Lacalle: La urgencia de combatir el socialismo

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la urgencia de combatir el socialismo

Por: Daniel Lacalle

España no se merece un hachazo fiscal. Sánchez da a entender que somos un paraíso para las grandes empresas, pero la prueba de que no lo somos es que no abundan. Si pretende recaudar más lo que debe hacer no es penalizar a familias y compañías, sino ampliar las bases imponibles creando un entorno favorable a la inversión.

La recuperación de España tras la devastadora crisis dejada por el Gobierno socialista en 2011 ha sido ejemplar. Gracias al esfuerzo de creadores de empleo, familias y administradores públicos nuestro país consiguió lo que nadie esperaba: una recuperación sólida y sostenible.

Ese impulso permitió que saliéramos de la recesión, pero no podía ser eterno. Por eso, cuando en 2015 la creación de empleo duplicaba la tasa de crecimiento, la inversión financiera directa regresaba con fuerza y el déficit público se había cercenado a menos de un tercio de los niveles desastrosos de 2011, el Gobierno pudo empezar a bajar impuestos. A devolver a los ciudadanos y a los creadores de empleo parte de ese esfuerzo titánico realizado.

Esa rebaja fue crucial para cimentar la segunda fase de la recuperación, pasando del rebote al crecimiento sostenido. La creación de empleo se afianzaba con intensidad, la mejora del déficit era evidente y la demanda interna aportaba más al crecimiento que el sector exterior. El consumo minorista y los datos adelantados por regiones confirmaban que la mejora empezaba a llegar a todos. España recuperaba todo el empleo indefinido destruido durante la crisis y se situaba como el segundo país de la Unión Europea en creación de contratos fijos durante tres años consecutivos.

Este avance debería haber apoyado una segunda bajada de impuestos que ya se perfilaba en los Presupuestos de 2018 y que debería haber sido más intensa, para facilitar la tercera fase: primero, el rebote; segundo, la recuperación, y tercero, el crecimiento sostenido.

Pero la moción de censura ha creado una coalición de perdedores, que incluyó a derechas nacionalistas, separatistas anticapitalistas, comunistas, populistas y socialistas cuyos dos únicos objetivos eran eliminar a Rajoy y volver a gastar como antes de la recesión.

Y ahora se presenta el mayor hachazo fiscal de la historia de la democracia. Bajo el engaño de subir impuestos a las rentas altas (como si eso no fuera negativo para la economía también), Pedro Sánchez, un presidente que no ha ganado ninguna elección, anuncia brutales subidas de impuestos para todos.

¿Nuevos y verdes?

Durante años, usted y yo hemos oído que en España se favorecía ligeramente al diésel por ser más eficiente y menos contaminante. No es que el gasóleo pagase pocos impuestos. Para nada. La fiscalidad ya era del 55,5% del precio. Es decir, cuando usted compra un litro de diésel paga más tributos que combustible. Es verdad que con la gasolina es peor (58%), pero el Gobierno ha intentado manipular a la opinión pública dando a entender que el gasóleo paga pocos impuestos. ¡Y es más de la mitad del precio final! Con el hachazo de Sánchez, el litro será hasta 15 céntimos más caro para 1,8 millones de conductores.

Lo llaman “impuestos verdes”, pero es falso. Estos nuevos gravámenes no van a hacer que la factura eléctrica se reduzca o que el sufrido consumidor español pague menos por la mal llamada “lucha contra el cambio climático”. No, el consumidor va a pagar más por la electricidad y más por el gasóleo sin reducir nada.

Nos engañan con la idea de que son nuevos y verdes, pero ya existen. Hacienda recaudó más del 5% de los ingresos totales con la llamada “fiscalidad verde”, en torno a 20.700 millones de euros en 2017.

Usted y yo pagamos una enorme cantidad de subvenciones a energías renovables e impuestos en la factura eléctrica: más del 60% del importe del recibo. Pues bien, los “impuestos verdes” a la gasolina o el gasóleo no se usarán para reducir esa carga. Pagaremos por las subvenciones, por el petróleo y por todo varias veces. En realidad, no son impuestos que busquen reducir el consumo de energías fósiles, sino lucrarse de él.

¿Impuesto “a la banca”?

Otra falacia. Es un tributo a sus clientes. La banca es un sector que pesa el 3% del PIB de España y apenas llega a unos beneficios de 18.000 millones de euros a nivel global estimados para 2019. Ni en sueños va el Gobierno a recaudar lo esperado y, en el camino, ha puesto un escollo adicional a los ahorradores, los propietarios, los compradores de casas y los ciudadanos en general.

Porque su hipoteca, su préstamo, sus ahorros son los que sufren con el “impuesto a (los clientes de) la banca”. Un estudio del Fondo Monetario Internacional analiza la experiencia de 20 países y demuestra que un tributo del 0,2% encarece el coste de las hipotecas y préstamos entre cinco y 10 puntos. La evidencia de otros casos revela además que el mal llamado impuesto a la banca es regresivo, es decir, afecta a los consumidores, depositantes y familias con menores recursos, cuya capacidad para asumir mayores costes es mucho más limitada.

Sucesiones para todos

Cuando el PSOE dice “armonizar impuestos” quiere decir “subir impuestos”. Porque no pretende aliviar el expolio que sufren los ciudadanos de Andalucía y otras regiones sino extenderlo al resto. El impuesto de sucesiones es confiscatorio, injusto y antisocial. Tampoco es para las grandes fortunas, porque estas disponen de fórmulas incluso para establecerse en otros países. Quienes realmente lo sufren son las familias. Ataca el ahorro y grava conceptos por los que ya se ha tributado en innumerables ocasiones. La reforma no pretende eliminar una injusticia sino recaudar la misma cantidad con el pretexto de que se ha bonificado. Para ello está llena de trampas como unos factores multiplicadores desproporcionados y sin justificación, los costes de demora y el tipo de interés.

Hundir al autónomo

De todos los colectivos empresariales, los peor tratados en términos fiscales son los autónomos. Pagan por el privilegio de crear riqueza mucho antes de haber ingresado un solo euro; sufren todo tipo de dificultades para cobrar; presentan menos beneficios y tienen peor jubilación.

Progresista sería facilitar la generación de empleo, pero la propuesta del PSOE la torpedea. Supone aumentar más del doble las cuotas al 80% de los autónomos sin contraprestación en facilidades fiscales, deducciones o mejora alguna.

Los autónomos pagan el resto de los impuestos, igual que todos, pero su negocio es mucho más frágil y volátil, y está sujeto a largas travesías del desierto antes de lograr hacer caja. Uno de cada dos autónomos cobra sus facturas a más de 90 días, pero la losa de los costes fijos es mensual y las liquidaciones, trimestrales.

Los autónomos ya se jubilan más tarde, cobran menos pensión y cotizan más (en relación a la prestación) que los afiliados al régimen general.

Todos somos ricos

Dicen que van a subirle el IRPF a las rentas altas, pero en España se consideran como tales las superiores a los 45.000 euros brutos al año. Recuerdo cuando en España había que ganar 120.000 para que te llamaran rico. Luego fueron 90.000, después 60.000, ahora 45.000… y tras la próxima bajada de listón ya lo será usted.

Lo peor es que la subida del IRPF es un torpedo bajo la línea de flotación de los puestos bien remunerados. Porque si le suben los costes un 30% a los creadores de empleo, estos se lo pensarán dos veces antes de pagar a nadie un salario atractivo.

En cuanto al “destope” de las cotizaciones sociales, es una vergüenza. Se suben los impuestos sin mejorar las prestaciones, porque la pensión máxima sigue “topada” y no sube. Las aportaciones a la Seguridad Social se fijan fundamentalmente en base a dos conceptos: tipos de cotización y bases de cotización. Los tipos son del 28,3% por contingencias comunes, de los cuales 4,7 puntos los aporta el trabajador y 23,6 la empresa. Y las bases (que se encuentran entre una mínima y otra máxima) evolucionan cada año, dependiendo del salario. Unos tipos de cotización mayores tendrían un doble efecto negativo: subirían los impuestos y encarecerían la contratación, es decir, atacarían el consumo y el empleo a cambio de un supuesto aumento de la recaudación que no se alcanzará y que ni resuelve el déficit del sistema ni apoya el crecimiento y la reducción del paro.

España ya tiene uno de los impuestos al trabajo más altos de la OCDE y sus cuotas sociales en hallan entre las más altas. Son uno de los grandes escollos a la contratación. Estudios del International Labour Review (Alain Euzeby) o la OCDE demuestran que el aumento de las cuotas sociales tiene un efecto negativo tanto en el crecimiento como la recaudación. Lo sabemos bien en España. Somos uno de los países con las cotizaciones sociales más altas y sufrimos una tasa de desempleo media del 17,5% desde 1980.

Jibarizar la gran empresa

Este asalto es el peor: subir la tributación de las compañías que facturen más de ocho millones. Que facturen, no que ganen más de ocho millones. Es decir, si usted es una pyme que ingresa ocho millones y gasta cinco en insumos, pagará casi el doble de impuestos que una pyme que facture cinco millones de euros y gaste dos en insumos. Peor aún. Se quiere imponer un mínimo del 15% sobre el resultado contable, no la base imponible, que es lo que tributa. Se penaliza así fiscalmente la diversificación internacional y se promueve la doble imposición. Imagine que usted tiene una firma que factura ocho millones, pero solo en España, y otra que factura ocho millones, pero diversificados en varios países. La segunda sale penalizada porque su resultado contable y su base imponible difieren más. En suma, un escollo a todo lo que debemos apoyar: la diversificación y la internacionalización.

Usted leerá constantemente que las grandes empresas pagan muy poco, pero es falso. Si atendemos solo a sociedades, las grandes empresas tributan a un 19,8% sobre su base imponible, y el resto de las empresas un 24,4%: cuatro y dos puntos más que en 2008, respectivamente, según datos de la Agencia Tributaria. Las bases imponibles se han desplomado con la crisis y el impacto de las pérdidas en la expansión internacional y, a pesar de ello, en 2017 la recaudación por sociedades fue la segundo mayor de la historia. Si miramos cifras de Bloomberg, veremos que las grandes empresas españolas tributan prácticamente lo mismo que las europeas.

Y cuando añadimos al impuesto de sociedades otras cargas que gravan la actividad (aranceles, impuestos autonómicos, locales, especiales, indirectos, verdes, etcétera) resulta que la carga impositiva es brutal. En conjunto, las empresas en España pagan en función de su tamaño los siguientes porcentajes de tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación: pequeñas, 41,67%; medianas, 51%, y grandes empresas, 61,57% según un estudio de Civismo.

Considerando todos los gravámenes, PwC señala en su informe Paying Taxes 2018 que España, con el 46,9%, se sitúa más de siete puntos porcentuales por encima del tipo efectivo medio europeo, que es del 39,6% (ver gráfico adjunto).

¿Paraíso fiscal?

En definitiva, el plan de Sánchez es un asalto a familias y creadores de empleo con el propósito de recaudar menos de 10.000 millones y poder gastar 18.000 millones más en clientelismo (que, por supuesto, no elimina). España gasta en administraciones paralelas más de 30.000 millones anuales. De reducir eso no dice nada. Aumenta el déficit, aumenta la deuda y no se solucionan los problemas estructurales de la economía.

¿Qué debemos hacer? Combatir el socialismo a toda costa, es decir, lo contrario. La solución para recaudar más no es penalizar a familias y empresas, sino ampliar las bases imponibles atrayendo capitales, inversiones en empleo tecnológico y mayor calidad en el empleo industrial y de servicios.

Es importantísimo facilitar la llegada de fondos y de muchas más empresas, sobre todo grandes empresas; ampliar las bases imponibles permitiendo que los sectores de alto valor añadido se desarrollen. Con una fiscalidad que mire hacia el crecimiento y el futuro.

Si persistimos en la estéril demonización de las empresas, no mejorarán las bases ni la recaudación. Llegará otra crisis y pillará a un tejido productivo debilitado (el 90% de las pymes) y de baja rentabilidad y pobre crecimiento (la inmensa mayoría de los grandes conglomerados), y sufriremos mayores caídas de ingresos fiscales.

El impuesto de sucesiones se tiene que suprimir porque lo está haciendo todo el mundo. España va a ser el único país de la UE que lo tenga dentro de un año.

La prueba de que España no es un paraíso fiscal para las grandes empresas es que, desafortunadamente, no tenemos miles de ellas. Si hubiera un entorno fiscal más favorable para las empresas, seríamos como Irlanda, Holanda o Luxemburgo y, como ellos, creceríamos más, recaudaríamos más y crearíamos aún más empleo.

España debe bajar el IRPF y simplificar sus tramos, bajar sociedades y atraer empresas tecnológicas diseñando una fiscalidad atractiva y orientada hacia el empleo. Y debe apoyar a autónomos, pymes, familias y creadores de empleo bajando la cuña fiscal para recaudar mejor y más, como los países líderes.

Si queremos garantizar el Estado de Bienestar, tenemos que ser un foco de atracción del talento, el capital y la inversión, no un infierno fiscal. España se merece alcanzar su potencial de crecimiento. La elección de Pablo Casado al frente del Partido Popular abre una enorme oportunidad de alzar una voz contra la voracidad fiscal de los socialistas y de combatir unas políticas que la experiencia histórica demuestra rotundamente que solo conducen al fracaso.

Expansión.

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Por: Daniel Lacalle

España no se merece un hachazo fiscal. Sánchez da a entender que somos un paraíso para las grandes empresas, pero la prueba de que no lo somos es que no abundan. Si pretende recaudar más lo que debe hacer no es penalizar a familias y compañías, sino ampliar las bases imponibles creando un entorno favorable a la inversión.

La recuperación de España tras la devastadora crisis dejada por el Gobierno socialista en 2011 ha sido ejemplar. Gracias al esfuerzo de creadores de empleo, familias y administradores públicos nuestro país consiguió lo que nadie esperaba: una recuperación sólida y sostenible.

Ese impulso permitió que saliéramos de la recesión, pero no podía ser eterno. Por eso, cuando en 2015 la creación de empleo duplicaba la tasa de crecimiento, la inversión financiera directa regresaba con fuerza y el déficit público se había cercenado a menos de un tercio de los niveles desastrosos de 2011, el Gobierno pudo empezar a bajar impuestos. A devolver a los ciudadanos y a los creadores de empleo parte de ese esfuerzo titánico realizado.

Esa rebaja fue crucial para cimentar la segunda fase de la recuperación, pasando del rebote al crecimiento sostenido. La creación de empleo se afianzaba con intensidad, la mejora del déficit era evidente y la demanda interna aportaba más al crecimiento que el sector exterior. El consumo minorista y los datos adelantados por regiones confirmaban que la mejora empezaba a llegar a todos. España recuperaba todo el empleo indefinido destruido durante la crisis y se situaba como el segundo país de la Unión Europea en creación de contratos fijos durante tres años consecutivos.

Este avance debería haber apoyado una segunda bajada de impuestos que ya se perfilaba en los Presupuestos de 2018 y que debería haber sido más intensa, para facilitar la tercera fase: primero, el rebote; segundo, la recuperación, y tercero, el crecimiento sostenido.

Pero la moción de censura ha creado una coalición de perdedores, que incluyó a derechas nacionalistas, separatistas anticapitalistas, comunistas, populistas y socialistas cuyos dos únicos objetivos eran eliminar a Rajoy y volver a gastar como antes de la recesión.

Y ahora se presenta el mayor hachazo fiscal de la historia de la democracia. Bajo el engaño de subir impuestos a las rentas altas (como si eso no fuera negativo para la economía también), Pedro Sánchez, un presidente que no ha ganado ninguna elección, anuncia brutales subidas de impuestos para todos.

¿Nuevos y verdes?

Durante años, usted y yo hemos oído que en España se favorecía ligeramente al diésel por ser más eficiente y menos contaminante. No es que el gasóleo pagase pocos impuestos. Para nada. La fiscalidad ya era del 55,5% del precio. Es decir, cuando usted compra un litro de diésel paga más tributos que combustible. Es verdad que con la gasolina es peor (58%), pero el Gobierno ha intentado manipular a la opinión pública dando a entender que el gasóleo paga pocos impuestos. ¡Y es más de la mitad del precio final! Con el hachazo de Sánchez, el litro será hasta 15 céntimos más caro para 1,8 millones de conductores.

Lo llaman “impuestos verdes”, pero es falso. Estos nuevos gravámenes no van a hacer que la factura eléctrica se reduzca o que el sufrido consumidor español pague menos por la mal llamada “lucha contra el cambio climático”. No, el consumidor va a pagar más por la electricidad y más por el gasóleo sin reducir nada.

Nos engañan con la idea de que son nuevos y verdes, pero ya existen. Hacienda recaudó más del 5% de los ingresos totales con la llamada “fiscalidad verde”, en torno a 20.700 millones de euros en 2017.

Usted y yo pagamos una enorme cantidad de subvenciones a energías renovables e impuestos en la factura eléctrica: más del 60% del importe del recibo. Pues bien, los “impuestos verdes” a la gasolina o el gasóleo no se usarán para reducir esa carga. Pagaremos por las subvenciones, por el petróleo y por todo varias veces. En realidad, no son impuestos que busquen reducir el consumo de energías fósiles, sino lucrarse de él.

¿Impuesto “a la banca”?

Otra falacia. Es un tributo a sus clientes. La banca es un sector que pesa el 3% del PIB de España y apenas llega a unos beneficios de 18.000 millones de euros a nivel global estimados para 2019. Ni en sueños va el Gobierno a recaudar lo esperado y, en el camino, ha puesto un escollo adicional a los ahorradores, los propietarios, los compradores de casas y los ciudadanos en general.

Porque su hipoteca, su préstamo, sus ahorros son los que sufren con el “impuesto a (los clientes de) la banca”. Un estudio del Fondo Monetario Internacional analiza la experiencia de 20 países y demuestra que un tributo del 0,2% encarece el coste de las hipotecas y préstamos entre cinco y 10 puntos. La evidencia de otros casos revela además que el mal llamado impuesto a la banca es regresivo, es decir, afecta a los consumidores, depositantes y familias con menores recursos, cuya capacidad para asumir mayores costes es mucho más limitada.

Sucesiones para todos

Cuando el PSOE dice “armonizar impuestos” quiere decir “subir impuestos”. Porque no pretende aliviar el expolio que sufren los ciudadanos de Andalucía y otras regiones sino extenderlo al resto. El impuesto de sucesiones es confiscatorio, injusto y antisocial. Tampoco es para las grandes fortunas, porque estas disponen de fórmulas incluso para establecerse en otros países. Quienes realmente lo sufren son las familias. Ataca el ahorro y grava conceptos por los que ya se ha tributado en innumerables ocasiones. La reforma no pretende eliminar una injusticia sino recaudar la misma cantidad con el pretexto de que se ha bonificado. Para ello está llena de trampas como unos factores multiplicadores desproporcionados y sin justificación, los costes de demora y el tipo de interés.

Hundir al autónomo

De todos los colectivos empresariales, los peor tratados en términos fiscales son los autónomos. Pagan por el privilegio de crear riqueza mucho antes de haber ingresado un solo euro; sufren todo tipo de dificultades para cobrar; presentan menos beneficios y tienen peor jubilación.

Progresista sería facilitar la generación de empleo, pero la propuesta del PSOE la torpedea. Supone aumentar más del doble las cuotas al 80% de los autónomos sin contraprestación en facilidades fiscales, deducciones o mejora alguna.

Los autónomos pagan el resto de los impuestos, igual que todos, pero su negocio es mucho más frágil y volátil, y está sujeto a largas travesías del desierto antes de lograr hacer caja. Uno de cada dos autónomos cobra sus facturas a más de 90 días, pero la losa de los costes fijos es mensual y las liquidaciones, trimestrales.

Los autónomos ya se jubilan más tarde, cobran menos pensión y cotizan más (en relación a la prestación) que los afiliados al régimen general.

Todos somos ricos

Dicen que van a subirle el IRPF a las rentas altas, pero en España se consideran como tales las superiores a los 45.000 euros brutos al año. Recuerdo cuando en España había que ganar 120.000 para que te llamaran rico. Luego fueron 90.000, después 60.000, ahora 45.000… y tras la próxima bajada de listón ya lo será usted.

Lo peor es que la subida del IRPF es un torpedo bajo la línea de flotación de los puestos bien remunerados. Porque si le suben los costes un 30% a los creadores de empleo, estos se lo pensarán dos veces antes de pagar a nadie un salario atractivo.

En cuanto al “destope” de las cotizaciones sociales, es una vergüenza. Se suben los impuestos sin mejorar las prestaciones, porque la pensión máxima sigue “topada” y no sube. Las aportaciones a la Seguridad Social se fijan fundamentalmente en base a dos conceptos: tipos de cotización y bases de cotización. Los tipos son del 28,3% por contingencias comunes, de los cuales 4,7 puntos los aporta el trabajador y 23,6 la empresa. Y las bases (que se encuentran entre una mínima y otra máxima) evolucionan cada año, dependiendo del salario. Unos tipos de cotización mayores tendrían un doble efecto negativo: subirían los impuestos y encarecerían la contratación, es decir, atacarían el consumo y el empleo a cambio de un supuesto aumento de la recaudación que no se alcanzará y que ni resuelve el déficit del sistema ni apoya el crecimiento y la reducción del paro.

España ya tiene uno de los impuestos al trabajo más altos de la OCDE y sus cuotas sociales en hallan entre las más altas. Son uno de los grandes escollos a la contratación. Estudios del International Labour Review (Alain Euzeby) o la OCDE demuestran que el aumento de las cuotas sociales tiene un efecto negativo tanto en el crecimiento como la recaudación. Lo sabemos bien en España. Somos uno de los países con las cotizaciones sociales más altas y sufrimos una tasa de desempleo media del 17,5% desde 1980.

Jibarizar la gran empresa

Este asalto es el peor: subir la tributación de las compañías que facturen más de ocho millones. Que facturen, no que ganen más de ocho millones. Es decir, si usted es una pyme que ingresa ocho millones y gasta cinco en insumos, pagará casi el doble de impuestos que una pyme que facture cinco millones de euros y gaste dos en insumos. Peor aún. Se quiere imponer un mínimo del 15% sobre el resultado contable, no la base imponible, que es lo que tributa. Se penaliza así fiscalmente la diversificación internacional y se promueve la doble imposición. Imagine que usted tiene una firma que factura ocho millones, pero solo en España, y otra que factura ocho millones, pero diversificados en varios países. La segunda sale penalizada porque su resultado contable y su base imponible difieren más. En suma, un escollo a todo lo que debemos apoyar: la diversificación y la internacionalización.

Usted leerá constantemente que las grandes empresas pagan muy poco, pero es falso. Si atendemos solo a sociedades, las grandes empresas tributan a un 19,8% sobre su base imponible, y el resto de las empresas un 24,4%: cuatro y dos puntos más que en 2008, respectivamente, según datos de la Agencia Tributaria. Las bases imponibles se han desplomado con la crisis y el impacto de las pérdidas en la expansión internacional y, a pesar de ello, en 2017 la recaudación por sociedades fue la segundo mayor de la historia. Si miramos cifras de Bloomberg, veremos que las grandes empresas españolas tributan prácticamente lo mismo que las europeas.

Y cuando añadimos al impuesto de sociedades otras cargas que gravan la actividad (aranceles, impuestos autonómicos, locales, especiales, indirectos, verdes, etcétera) resulta que la carga impositiva es brutal. En conjunto, las empresas en España pagan en función de su tamaño los siguientes porcentajes de tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación: pequeñas, 41,67%; medianas, 51%, y grandes empresas, 61,57% según un estudio de Civismo.

Considerando todos los gravámenes, PwC señala en su informe Paying Taxes 2018 que España, con el 46,9%, se sitúa más de siete puntos porcentuales por encima del tipo efectivo medio europeo, que es del 39,6% (ver gráfico adjunto).

¿Paraíso fiscal?

En definitiva, el plan de Sánchez es un asalto a familias y creadores de empleo con el propósito de recaudar menos de 10.000 millones y poder gastar 18.000 millones más en clientelismo (que, por supuesto, no elimina). España gasta en administraciones paralelas más de 30.000 millones anuales. De reducir eso no dice nada. Aumenta el déficit, aumenta la deuda y no se solucionan los problemas estructurales de la economía.

¿Qué debemos hacer? Combatir el socialismo a toda costa, es decir, lo contrario. La solución para recaudar más no es penalizar a familias y empresas, sino ampliar las bases imponibles atrayendo capitales, inversiones en empleo tecnológico y mayor calidad en el empleo industrial y de servicios.

Es importantísimo facilitar la llegada de fondos y de muchas más empresas, sobre todo grandes empresas; ampliar las bases imponibles permitiendo que los sectores de alto valor añadido se desarrollen. Con una fiscalidad que mire hacia el crecimiento y el futuro.

Si persistimos en la estéril demonización de las empresas, no mejorarán las bases ni la recaudación. Llegará otra crisis y pillará a un tejido productivo debilitado (el 90% de las pymes) y de baja rentabilidad y pobre crecimiento (la inmensa mayoría de los grandes conglomerados), y sufriremos mayores caídas de ingresos fiscales.

El impuesto de sucesiones se tiene que suprimir porque lo está haciendo todo el mundo. España va a ser el único país de la UE que lo tenga dentro de un año.

La prueba de que España no es un paraíso fiscal para las grandes empresas es que, desafortunadamente, no tenemos miles de ellas. Si hubiera un entorno fiscal más favorable para las empresas, seríamos como Irlanda, Holanda o Luxemburgo y, como ellos, creceríamos más, recaudaríamos más y crearíamos aún más empleo.

España debe bajar el IRPF y simplificar sus tramos, bajar sociedades y atraer empresas tecnológicas diseñando una fiscalidad atractiva y orientada hacia el empleo. Y debe apoyar a autónomos, pymes, familias y creadores de empleo bajando la cuña fiscal para recaudar mejor y más, como los países líderes.

Si queremos garantizar el Estado de Bienestar, tenemos que ser un foco de atracción del talento, el capital y la inversión, no un infierno fiscal. España se merece alcanzar su potencial de crecimiento. La elección de Pablo Casado al frente del Partido Popular abre una enorme oportunidad de alzar una voz contra la voracidad fiscal de los socialistas y de combatir unas políticas que la experiencia histórica demuestra rotundamente que solo conducen al fracaso.

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