Descapitalizando la economía de Ecuador

Descapitalizando la economía de Ecuador

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Descapitalizando la economía de Ecuador

Por: Gabriela Calderón de Burgos

Esta semana el exministro de Finanzas Fausto Ortiz señaló que según sus proyecciones y si la economía crece a 2% al año y se reduce el déficit global (tomando en cuenta el pago de intereses de la deuda) un punto al año, tardaríamos 7 años en llegar al techo del 40% del PIB.

Vale recordar que entre 2000-2006 el petróleo tuvo un precio promedio de alrededor de $ 35 por barril, mucho más bajo que el actual. Aun así, durante ese periodo distintos gobiernos lograron reducir el endeudamiento público desde un 76,7% del PIB hasta un 28,8%.

Luego de, y no obstante, la mayor bonanza petrolera en la historia del país –73% superior a la primera en términos reales–, la deuda pública llegó a 39,1% del PIB en enero de 2017 y ahora, en mayo de 2018, a 57% del PIB. ¿Qué pasó?

Una diferencia que salta a la vista es el nivel del gasto público, que casi se duplicó. En el periodo 2000-2006 el gasto público del Sector Público No Financiero (SPNF) como porcentaje del PIB promediaba 23,7% del PIB, mientras que entre 2007-2016 el Estado ecuatoriano llegó a consumir un promedio de 40,4% del PIB. Y cuando carecíamos de tanta parafernalia estatal y se reducía el endeudamiento, crecíamos a una tasa promedio superior: 4,2% entre 2000-06 vs. 3,3% entre 2007-2016.

Como dijo el exministro de Finanzas de Argentina Ricardo López Murphy esta semana durante su visita a Guayaquil: los déficits públicos constituyen una descapitalización de la economía, derivando en un declive de la productividad y el PIB per capita de la economía en el mediano y largo plazo. Es la historia de Argentina, explicaba él. Pero podemos concluir en torno al excelente libro acerca de las finanzas públicas del Ecuador entre 1830 y 1940, de Linda Alexander Rodríguez, que también es la historia del Ecuador de antes y de hoy.

Dicen que si se corta el gasto se perjudica el crecimiento. Pero no se explica por qué manteniendo entidades estatales que generan pérdidas, son ineficientes o redundantes en momentos en que el país se enfrenta a una brecha financiera de $ 11.000 millones puede considerarse como algo que estimule el progreso. Convendría adoptar una metodología de presupuesto base cero en lugar de tomar como punto de partida lo gastado el año anterior.

Otra forma de reducir el gasto es eliminando los ineficientes y regresivos subsidios a los combustibles que consumió en 2017 $ 1.932 millones, según el Observatorio de Minas y Petróleo de la UDLA. Esta medida podría ser amortiguada eliminando los subsidios, mientras que se protege a los de ingresos más bajos (identificados con el Bono de Desarrollo Humano) por el incremento en el costo del gas para cocinar y del pasaje de transporte público.

Otra forma de reducir el gasto tiene que ver con la concesión de servicios públicos como la gestión de aguas, el desarrollo y mantenimiento de carreteras e incluso la distribución de electricidad.

Quienes se oponen a estas medidas han perdido la autoridad moral para demandar que se mantengan estos proyectos en manos del Estado, debido a la corrupción y el despilfarro. Además, no disponen de los recursos y solo podrían hacerlo endeudándose en condiciones onerosas.

El Universo.

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Por: Gabriela Calderón de Burgos

Esta semana el exministro de Finanzas Fausto Ortiz señaló que según sus proyecciones y si la economía crece a 2% al año y se reduce el déficit global (tomando en cuenta el pago de intereses de la deuda) un punto al año, tardaríamos 7 años en llegar al techo del 40% del PIB.

Vale recordar que entre 2000-2006 el petróleo tuvo un precio promedio de alrededor de $ 35 por barril, mucho más bajo que el actual. Aun así, durante ese periodo distintos gobiernos lograron reducir el endeudamiento público desde un 76,7% del PIB hasta un 28,8%.

Luego de, y no obstante, la mayor bonanza petrolera en la historia del país –73% superior a la primera en términos reales–, la deuda pública llegó a 39,1% del PIB en enero de 2017 y ahora, en mayo de 2018, a 57% del PIB. ¿Qué pasó?

Una diferencia que salta a la vista es el nivel del gasto público, que casi se duplicó. En el periodo 2000-2006 el gasto público del Sector Público No Financiero (SPNF) como porcentaje del PIB promediaba 23,7% del PIB, mientras que entre 2007-2016 el Estado ecuatoriano llegó a consumir un promedio de 40,4% del PIB. Y cuando carecíamos de tanta parafernalia estatal y se reducía el endeudamiento, crecíamos a una tasa promedio superior: 4,2% entre 2000-06 vs. 3,3% entre 2007-2016.

Como dijo el exministro de Finanzas de Argentina Ricardo López Murphy esta semana durante su visita a Guayaquil: los déficits públicos constituyen una descapitalización de la economía, derivando en un declive de la productividad y el PIB per capita de la economía en el mediano y largo plazo. Es la historia de Argentina, explicaba él. Pero podemos concluir en torno al excelente libro acerca de las finanzas públicas del Ecuador entre 1830 y 1940, de Linda Alexander Rodríguez, que también es la historia del Ecuador de antes y de hoy.

Dicen que si se corta el gasto se perjudica el crecimiento. Pero no se explica por qué manteniendo entidades estatales que generan pérdidas, son ineficientes o redundantes en momentos en que el país se enfrenta a una brecha financiera de $ 11.000 millones puede considerarse como algo que estimule el progreso. Convendría adoptar una metodología de presupuesto base cero en lugar de tomar como punto de partida lo gastado el año anterior.

Otra forma de reducir el gasto es eliminando los ineficientes y regresivos subsidios a los combustibles que consumió en 2017 $ 1.932 millones, según el Observatorio de Minas y Petróleo de la UDLA. Esta medida podría ser amortiguada eliminando los subsidios, mientras que se protege a los de ingresos más bajos (identificados con el Bono de Desarrollo Humano) por el incremento en el costo del gas para cocinar y del pasaje de transporte público.

Otra forma de reducir el gasto tiene que ver con la concesión de servicios públicos como la gestión de aguas, el desarrollo y mantenimiento de carreteras e incluso la distribución de electricidad.

Quienes se oponen a estas medidas han perdido la autoridad moral para demandar que se mantengan estos proyectos en manos del Estado, debido a la corrupción y el despilfarro. Además, no disponen de los recursos y solo podrían hacerlo endeudándose en condiciones onerosas.

El Universo.

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